Martin Reverte y Asociados

¿Por qué debería contratar a un abogado especializado en Derecho Concursal?

por qué un abogado especializado en derecho concursal

Antes de comenzar a leer el siguiente artículo debemos apartar los prejuicios contra los abogados. Ninguna profesión está libre de prejuicios y la abogacía no iba a ser menos. Un abogado o abogada es una persona como tú o como yo. Olvídate del personaje típico de una película de Hollywood donde su única función es obtener el máximo beneficio económico. Si fuera así, todos los abogados y abogadas serían ricos. Y créanme que no es el caso.

Así pues, vamos a responder a la pregunta que atañe este artículo: ¿Por qué debería contratar a un abogado especializado en Derecho Concursal? O mejor ¿Por qué debería contactar con un abogado de Martín, Reverte & Asociados despacho especializado en derecho concursal?

Al igual que hay diferentes especializaciones en la medicina véase: traumatología, fisioterapia, neurología, etc. Existe en derecho diferentes ramas: civil, mercantil, penal, administrativo, inmobiliario… Y entre todas ellas, existe el derecho concursal. ¿Y qué es el área de derecho concursal? En pocas palabras podemos definir el área del derecho concursal como aquella que deriva del derecho mercantil y es la que regula las posibles soluciones ante la insolvencia de un deudor.

Las circunstancias económicas pueden hacer que una persona física o una empresa que ha contraído deudas de distinto tipo no pueda afrontarlas. En consecuencia, se encontrará en una situación de insolvencia y, de acuerdo al principio de responsabilidad patrimonial que se recoge en la legislación vigente, cuando un deudor no cumple con su obligación el acreedor podrá dirigirse contra su patrimonio para dar satisfacción a la obligación que está incumpliendo mediante proceso judicial.

En resumen, un abogado de derecho concursal es aquel soporte profesional y legal tanto para deudores que no han pagado y que no pueden hacer frente a sus deudas como para aquellas personas o empresas que no han recibido el pago de sus deudores y son acreedores de los mismos.

En esta área del derecho la especialización es de vital importancia, ya que no se trata de una rama que se enseñe de forma obligatoria en la carrera, por tanto, la mayoría de los abogados no tienen un dominio de la materia. Aquel abogado que realmente quiera ejercer en esta área del derecho debe de especializarse y formarse específicamente y a conciencia. Los asuntos de esta área son complejos y exigen no solamente conocimientos legales sino que también, se exigen conocimientos fiscales para ofrecer el mejor servicio posible. En nuestro caso, contamos con profesionales del área fiscal y contable.

Por otro lado, el abogado especializado en derecho concursal cuenta con una visión más amplía y negociadora que un abogado “común”, porque en el derecho concursal el procedimiento judicial es el último escalón, es decir, el abogado especializado en derecho concursal trata de agotar todas las herramientas previas en forma de convenio o trato para que ambas partes lleguen a un acuerdo beneficioso para ambas. No siempre es posible, no nos engañemos, pero siempre se procura que sea así.

Contar con un abogado de confianza y especializado nos puede ahorrar tiempo, dinero y problemas. En nuestro despacho la primera consulta no tiene coste alguno, porque entendemos que antes de que un potencial cliente tome una decisión necesita saber quiénes somos y cómo trabajamos. Contar con un abogado en caso de impagos puede servirte para perseguir a quien no te paga y para no perder ese dinero definitivamente. No olvide que una buena defensa siempre empieza por un correcto asesoramiento.

Desde Martín, Reverte & Asociados queremos invitarle a que conozca nuestro despacho, no queremos que confíe en nosotros sin una primera cita previa. Estamos convencidos de que somos el despacho que dará respuesta a sus exigencias legales tanto si es acreedor como si es deudor.

Nuestro equipo tiene muy claro que su éxito es nuestra solución.

Jesús Martín Vázquez, Socio Gerente de Martín Reverte & Asociados.

La información y el asesoramiento jurídico ofrecido en la sección Blog es orientativo y no vinculante. Si lo desea, puede contactar con nosotros en administracion@martinreverteasociados.com

Preocupaciones de la hostelería en relación con el derecho concursal

preocupaciones de la hosteleria

Esta tercera ola de pandemia ha dejado a varias comunidades autónomas divididas respecto a las restricciones que deben llevar a cabo. En el caso de Baleares, se ha optado por restricciones muy estrictas, postergando el cierre de la restauración hasta el 28 de febrero.

Actualmente el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares todavía no se ha pronunciado sobre los recursos presentados para la reapertura de los comercios, sin embargo, en el País Vasco la justicia falló el martes a favor de los hosteleros, permitiéndoles así la reapertura de sus negocios.

Después de varias manifestaciones por parte de los colectivos afectados, en los cuales se pedía la apertura de la hostelería y la dimisión de la presidenta de Baleares, hemos podido presenciar como diferentes empresarios de la hostelería nos han dicho literalmente.

¡Hemos tirado de ahorros, pero ahora mismo ya no queda nada! si no puedo abrir pronto, directamente no podré comer”

Esta situación desemboca en una inundación de ERTES en el sector hostelero, acumulando más del 46% de estos expedientes de regulación, Hasta ahora más de 100.000 bares, restaurantes y cafeterías han tenido que cerrar sus negocios en el primer trimestre del año en comparación a 2020. “Además, la restauración da trabajo a 1,7 millones de personas y supone el 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB)”

Este escenario provoca un sentimiento de incertidumbre e indignación en todo el gremio, porque detrás de estas cifras existen miles de historias que merecen ser escuchadas y atendidas de la mejor manera posible.

Hoy me comentaba un amigo propietario de un bar lo siguiente:

Jesús, en marzo nos cerraron de un día para otro, tuvimos que pedir un ICO para poder pagar a los trabajadores, a parte de los que ya pedí para montar el bar, y ahora solo tenemos gastos y más gastos, pero no podemos tener ni un ingreso, ¿Cómo voy a pagar todo eso? Es totalmente imposible, porque por muchos números que haga no me salen las cuentas y llevo una semana planteándome cerrar el bar y mandarlo todo a tomar viento”

Desde Martín Reverte y Asociados, recomendamos un asesoramiento previo para analizar la situación y tranquilizar a la persona, ya que muchas veces piensan que todo puede ser mucho peor que lo que legalmente puede llegar a pasar.

Una vez analizado, si es posible, recomendamos primero un preconcurso”

Se intentaría un acuerdo extrajudicial de pagos con todos los acreedores que incluiría quitas y aplazamiento, o por el contrario un acuerdo de refinanciación, en ambos casos, la intención será salvar la empresa. Si no es posible, se estudiarán todas las opciones para evitar posibles responsabilidades del administrador de la sociedad y liquidar la empresa lo más rápido posible para no generar más deuda y poder empezar desde cero cuando todo esto pase.

Jesús Martín Vázquez, Socio Gerente de Martín Reverte & Asociados.

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Guía práctica de la Ley de Segunda Oportunidad – paso a paso

Guía práctica de la Ley de Segunda Oportunidad

1. ¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La ley de la segunda oportunidad en un mecanismo jurídico que permite a particulares y autónomos que están en una situación de endeudamiento poder solventar esa situación de insolvencia.

La ley de la segunda oportunidad permite al particular o autónomo llegar a un acuerdo extrajudicial con todos los bancos y financieras a la vez, o directamente cancelar la deuda total.

2. ¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Dirigido a particulares y autónomos

3. Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Requisitos:

-Que la deuda no sea superior a 5.000.000€ de euros y mínimos 10.000€ de deuda.

-Que no haya mentido sobre la situación de insolvencia ni oculte documentos relevantes o bienes.

-Que no haya sido condenado en los 10 últimos años por delitos socioeconómicos, patrimoniales, contra hacienda o la seguridad social.

-Que intentar previamente llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos.

-Que no haya realizado este procedimiento de exoneración en los últimos 10 años.

-Que su patrimonio sea inferior al valor de su deuda o no disponga de patrimonio de patrimonio para hacer frente a sus deudas.

4. ¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Se analizará de manera GRATUITA la situación del cliente para mirar la viabilidad de su caso y poder garantizar EL ÉXITO de su proceso.

2. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Se le solicitará al cliente la documentación necesaria para realizar el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad.

3. FASE NOTARIAL

Se le asignará al cliente un Notario cercano a su vivienda habitual y se entregará el formulario junto con la documentación necesaria para poder levantar acta de concurso y comenzar el procedimiento.

4. FASE MEDIADOR CONCURSAL

El Notario solicitará un Mediador Concursal a los Juzgados, El Mediador Concursal es el profesional encargado para mediar con los acreedores e intentar un ACUERDO EXTRAJUDICIAL con todos los acreedores con el dinero sobrante después de vivir dignamente el cliente.

5. FASE JUDICIAL

Posteriormente al intento de acuerdo extrajudicial (si no se ha llegado a un acuerdo) se envía la documentación al juzgado correspondiente (Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de lo Mercantil) para que el Juez analice todo el procedimiento concursal llevado a cabo.

6. CANCELACIÓN DE LAS DEUDAS

BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) = CANCELACIÓN DE LAS DEUDAS

6. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

El procedimiento tiene una duración media de 12-18 meses, ya que vendrá condicionado al volumen y carga que tenga el juzgado designado y si el cliente dispone de propiedades o bienes que se tenga que liquidar.

7. ¿Qué es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho?

Es un mecanismo jurídico enmarcado en la ley de Segunda Oportunidad que permite al deudor que luego de liquidar todo su patrimonio en beneficio de sus acreedores, se vea libre de la mayor parte de sus deudas.

8. ¿Cómo elegir al profesional que llevará mi caso?

En Martín Reverte y Asociados priorizamos estos 5 factores para dar el mejor servicio a cada uno de nuestros clientes:

Experiencia:

Personal multidisciplinar con experiencia de haber atendido a más de 800 clientes

Atención personalizada:

Cada caso es diferente y cada cliente tiene su historia, por eso nos gusta atender cada caso con si fuera el único. Ofreciendo al cliente atención telefónica y presencial siempre que lo necesite para poder resolver sus dudas lo antes posible.

Acompañamiento:

Acompañamos al cliente en todo momento para que siempre tenga nuestro apoyo y asesoramiento, acompañándolo en las reuniones con todos los profesionales: notario, mediador y administrador concursal.

Confianza y transparencia:

Por nuestra dilatada experiencia conocemos la situación anímica que conlleva el endeudamiento, convertido muchas veces en miedo y desconfianza. Desde Martín Reverte & Asociados brindamos nuestra confianza y apoyo para hacer lo más ameno posible todo el procedimiento judicial. Aportando la máxima transparencia para estos momentos de incertidumbre personal, indicándole al cliente paso a paso cómo se llevará a cabo su procedimiento.

Facilidad de pago:

Dividimos nuestros honorarios en cómodas cuotas para que todas las personas puedan tener una segunda oportunidad.

¿Quieres conocer más información sobre la Ley de Segunda Oportunidad?

Os invitamos a visitar la siguiente web: Vivir sin deudas.

 

Jesús Martín Vázquez, socio gerente de Martín Reverte & Asociados

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Concurso de acreedores de empresa (I)

Concurso de acreedores de empresa

¿Qué es un concurso de acreedores de empresa?

El concurso de acreedores de empresa es un procedimiento que se sustancia ante los juzgados de lo mercantil, cuando este no puede atender sus obligaciones de pago o prevé que no podrá atenderlas (insolvencia actual o inminente), mediante este proceso se intentará un acuerdo con los acreedores a fin de acordar quitas o aplazamientos, con el objetivo de no causar la liquidación del patrimonio del deudor. Sin embargo, si no es posible lo anterior, se realizará una liquidación ordenada del patrimonio del deudor, asegurando el pago por el orden determinado en la ley.

ATENCIÓN:

Debemos diferenciar como dice el art. 29 del TRLC, entre el concurso voluntario (presentado por el empresario en el plazo de dos meses desde el conocimiento de la insolvencia) y concurso necesario (presentado por un acreedor, o un socio, después de la imposibilidad de hacer efectivo el cobro).

 

¿Cuáles son las fases del concurso de acreedores de empresa?

En primer lugar, encontraríamos los actos previos, dónde deberá aportar el deudor la documentación general y contable (art. 7 y 8 TRLC), como también la solicitud de iniciación (art. 6 TRLC). Se pueden solicitar medidas cautelares (para proteger los bienes de la sociedad) que deberán admitirse mediante auto.

Con auto de declaración del concurso se iniciaría la fase común, en la cual el deudor está obligado a colaborar y ve limitadas sus facultades patrimoniales. A su vez, los acreedores, ven limitado su poder de reclamación, ya que se deben respetar el orden de prelación de créditos y el principio par conditio creditorum (se trata de un principio del derecho concursal que consiste en la paridad de tratamiento en igualdad de condiciones, para los acreedores).

  • Como pilar fundamental, encontraremos la figura del administrador concursal (abogado o economista designado por el Juzgado con una serie de particularidades que no entraremos a valorar en este artículo) que se encarga de conservar y administrar la masa activa de la sociedad, así como clarificar la masa pasiva para determinar el alcance del concurso, concluyendo con un informe. (art. 474 TRLC).

Seguidamente, encontramos la fase de resolución, en la cual diferenciaremos entre resolución mediante convenio con los acreedores, (dónde podemos encontrar esperas y quitas de la deuda), regulado en los artículos 315-405 del TRLC, y que requerirá la aprobación judicial. O la resolución mediante liquidación (la más habitual), regulada en los artículos 406-428 del TRLC. Esta última resolución se trata de la liquidación del patrimonio de la sociedad para el posterior pago a los acreedores.

En último lugar, encontraríamos la calificación del concurso (art. 441 TRLC), dependiendo de las circunstancias del caso podrá ser calificado como fortuito o culpable, en caso de declararse la culpabilidad del concursado, podrá ser objetivo de responsabilidad civil e incluso penal según las condiciones del caso.

En Martín Reverte & asociados nos permitimos afirmar que somos la firma que necesita para cumplir sus expectativas concursales. Nos diferenciamos por nuestro trato exclusivo al derecho concursal a nivel autonómico y nacional. Si lo desea puede recibir una información más personalizada para su caso en cuestión.

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Posible exceso de delegación en el Texto Refundido de la Ley Concursal

Posible exceso del nuevo Texto refundido de la Ley Concursal

En relación con el control jurisdiccional del Real Decreto Legislativo, FERNANDO SANTAOLALLA nos indica que hay una doctrina mayoritaria, reiterada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 19 de julio de 1982 y sentencia de 4 de abril de 1984, que permite la revisión jurisdiccional de Reales Decretos Legislativos por la jurisdicción ordinaria, y en caso de exceso de algunos preceptos, estos no tendrán naturaleza de Ley, al no estar amparado por la ley de delegación.

Corresponderá a los tribunales ordinarios considerar si los preceptos están ajustados a la delegación, si consideran que no se ajusta, inaplicaran los preceptos que hayan excedido. Esto encuentra su fundamentación jurídica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en su artículo 1.1. que dice lo siguiente:

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación

En este caso, los tribunales ordinarios podrían considerar un exceso en la delegación por establecer un contenido diferente y contrario a la jurisprudencia actual.

Jesús Martín Vázquez, socio gerente de Martín Reverte & Asociados

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Martín, Reverte & Asociados

Asesoría jurídica y fiscal experta en derecho concursal de las Islas Baleares

Jurisprudencia para la exoneración del crédito público

Como objeto del análisis jurisprudencia de la posible exoneración del crédito público, es necesario explicar en primer lugar la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 381/2019 de 02 de julio 2019, siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

En este caso el Tribunal Supremo desestima un recurso de casación interpuesto por la AEAT y confirma la Sentencia nº 260/2016 de la Audiencia Provincial de Baleares (Secc. 5ª) de 21 de septiembre de 2016 (Rollo 340/2016). El Tribunal Supremo considera que el plan de pagos puede acordar aplazamientos o fraccionamiento del crédito público. Así como una vez aprobado el plan de pagos, no es posible dejar la eficacia a la validación del acreedor público.

El Tribunal Supremo fija doctrina partiendo de la finalidad principal del mecanismo de segunda oportunidad, el cuál es la completa exoneración de deudas.

 

En primer lugar, expone que el artículo 178 bis de la LC no establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, y por tanto no imposibilita variar la opción inicial por las dos alternativas legales descritas en el ordinal 4º o 5º. En el primer ordinal mencionado prevé la exoneración inmediata, y para ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, a diferencia del ordinal 5º que prevé la exoneración aplazada en el tiempo, transcurridos los cinco años del plan de pagos, exigiendo a su vez otros requisitos propios.

En segundo lugar, considera que hay que hacer una interpretación teleológica del artículo 178 bis de la LC, especificando lo siguiente la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de deuda”. Por ende, la vía del ordinal 5º pretende facilitar el cumplimiento del pago a los créditos contra la masa y privilegiados, concediendo un plazo de 5 años para el pago de dichos créditos. Partiendo de la premisa de facilitar al máximo la plena exoneración de deudas, en la vía del ordinal 5º la exoneración abarca todos los créditos ajenos al plan de pagos.

Para finalizar con el alcance de la exoneración, la Sentencia dispone lo siguiente:

«En atención a estas consideraciones, entendemos que, en principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos.

Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC, el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración

Después de determinar el alcance la exoneración, y delimitar los créditos que tienen que pagarse para la exoneración en cinco años, encontraríamos la interpretación de las reglas sobre el plan de pagos al que es necesario someterse para que se le reconozca el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el cual está regulado en punto 6 del artículo 178 bis de la LC. El Tribunal Supremos establece una contradicción en este apartado sexto porque prevé un plan de pagos para los créditos contra la masa y privilegiado en un plazo de 5 años, los cuales han de ser aprobados por la autoridad judicial, pero a su vez, remite a la regulación administrativa para el fraccionamiento y aplazamiento del pago de créditos públicos.

El Tribunal supremo considera que:

«bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre las objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan.”

 

Por tanto, considera que no resulta necesaria la tramitación de la petición de aplazamiento y fraccionamiento ante la AEAT o TGSS.

Hasta la fecha de la sentencia mencionada anteriormente, varios juzgados y audiencias provinciales se habían pronunciado al respecto sobre los créditos público y su inclusión en el plan de pagos.

En una línea semejante, se ha pronunciado en varias ocasiones la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)

  • Sentencia de 29 de junio de 2018.
  • Sentencia de 19 julio de 2018.
  • Sentencia de 2 de noviembre de 2018.
  • Auto de 11 febrero 2019.
  • Sentencia de 9 de abril de 2019.
  • Sentencia de 7 de mayo de 2019.
  • Sentencia de 9 de mayo de 2019.

Así como también se ha pronunciado en la misma línea diferentes Juzgados de lo Mercantil de Barcelona:

  • Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona, de 31 enero 2018.
  • Sentencia núm. 174/2018 del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona,de 2 julio de 2018.
  • Sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona, de 3 de enero de 2019.

 

Encontraríamos por tanto una jurisprudencia más consolidada en el territorio catalán sobre a la inclusión del crédito público en el plan de pagos, respecto a otras comunidades autónomas, siguiendo por lo tanto lo expresado en la Sentencia nº381/2019 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019.

Sin embargo, fuera del ámbito catalán también encontraríamos diferentes sentencias que siguen un modelo semejante a la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada anteriormente:

  • Sentencia núm. 604/2018 de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) de 13 diciembre de 2018.
  • Sentencia núm. 269/2018 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao de 6 de octubre de 2018.

 

Martín, Reverte & Asociados

Asesoría jurídica y fiscal experta en derecho concursal de las Islas Baleares

 

 

 

Modificación de los créditos públicos en el Texto Refundido de la Ley Concursal

Modificación de los créditos públicos en el Texto Refundido de la Ley Concursal

El 5 de mayo de 2020, se aprobó el Texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, TRLC). con el objetivo de armonizar y clarificar la legislación concursal. Esto se debe, a que la LC se ha modificado en 28 ocasiones desde su aprobación en 2003, lo que ha generado jurisprudencia dispar y falta de seguridad jurídica.

El nuevo texto refundido consta de 752 artículos separado en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado, y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020.

 

  • Clasificación créditos públicos

La clasificación de los créditos, contemplado en el artículo 269 TRLC, nos indica que los créditos serán clasificados en privilegiados, ordinarios y subordinados.

Respecto a los créditos con privilegio general, el artículo 280 TRLC nos indica en su apartado 2, que tendrán la consideración de créditos con privilegio general las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad social debidas por el concurso en cumplimiento de una obligación legal, aunque el apartado 4 del mismo artículo, nos indica que los créditos de derecho público que no tengan privilegio especial ni el privilegio general mencionado, será considerado en su 50% créditos con privilegio general. Para el cálculo del 50% se deducirán los créditos con privilegio especial, los créditos con privilegio general del apartado 2 y los créditos subordinados

También tendrán la consideración de crédito privilegiado, artículo 280.5 TRCL, los créditos por responsabilidad civil derivado del delito contra la Hacienda Pública y contra la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las multas y demás sanciones pecuniarias, artículo 281.4 TRCL, tendrán la consideración de créditos subordinados.

  • Plan de pagos

El artículo 488 TRLC, nos índica como presupuesto objetivo para la obtención del BEPI, haber satisfecho los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados e intentar celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. Sin embargo, el artículo 493 TRLC, nos explica el presupuesto objetivo especial, en el cual se podrá solicitar el BEPI con sujeción a un plan de pagos de la deuda no exonerada, este plan de pago será aprobado judicialmente y se hará constar en el Registro público concursal durante 5 años (artículo 494 TRLC), sin que los créditos incluidos puedan devengar interés (artículo 495.3 TRLC).

Sin embargo, en la propuesta del plan de pagos, el artículo 495 TRLC nos indica que la tramitación de aplazamiento o fraccionamiento de los créditos públicos se regirá por la norma específica, y no dentro del plan de pagos. El plan de pagos será aprobado por el juez del concurso en los términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunidad (artículo 496 TRLC), concediendo provisionalmente el BEPI respecto a los créditos no incluidos en plan de pagos a excepción de tres supuestos:

-los créditos con privilegio especial en la parte que pudiera gozar de privilegio general

-los créditos de alimentos

-los créditos de derecho público, reiterando que estos últimos se regirán por lo dispuesto en la normativa específica, artículo 497 TRLC.

Podemos observar que en el proyecto de TRLC, la propuesta de plan de pagos estaba contemplada en el artículo 494, que decía lo siguiente:

A la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho acompañará el deudor una propuesta de plan de pagos de los créditos contra la masa, de los créditos concursales privilegiados, de los créditos de Derecho público, de los créditos por alimentos y de la parte de los créditos ordinarios que incluya el plan.

En conclusión, podemos observar un cambio fundamental en relación con los créditos públicos desde el proyecto de TRLC al definitivo TRLC, provocando la no inclusión de los créditos públicos al plan de pagos, sin que puedan verse afectados por la extensión de la exoneración en caso de plan de pagos, así como también, eliminando la aprobación judicial ya que remite a la normativa específica.

  • Extensión de la exoneración

En cuanto a la obtención del BEPI, artículo 491 TRLC, podemos observar que el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

Sin embargo, en el proyecto de TRLC, estaba contemplado en el artículo 490, y tenía una diferencia esencial, ya que en el proyecto se contemplaba un apartado 3, que decía lo siguiente “En todo caso, la exoneración incluirá a los créditos de Derecho público”.

Como bien indica el informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado día 26 de septiembre de 2019, sobre el proyecto del TRLC (punto 467), este cambio podría deberse a que esta declaración excedería del mandato para regularizar, aclarar y armonizar textos legales, ya que estaría incluyendo nuevos mandatos jurídicos, aunque añade que la inclusión ayudaría la operatividad del sistema del concurso.

 

Martín, Reverte & Asociados

Asesoría jurídica y fiscal experta en derecho concursal de las Islas Baleares

 

Concurso exprés de empresas por el COVID-19

En las Islas Baleares, miles de personas viven del turismo de manera directa o indirecta, con dependencia al ingreso por temporada, lo que implica en estos momentos una situación de incertidumbre para gran parte de la ciudadanía.

 

«Múltiples empresas del sector turístico prevén una quiebra inminente«

No todas las empresas podrán superar la crisis económica, de manera que el concurso exprés puede ser el mejor aliado, ya que podrán extinguir el negocio de manera inmediata, con los mismos efectos que el concurso ordinario, pero sin administrador concursal.

En múltiples casos, el patrimonio de la sociedad no será suficiente para solventar los créditos contra la masa, por eso mismo el concurso la Ley Concursal prevé la posibilidad de concluir el concurso de acreedor por insuficiencia de la masa activa. 

Para ello, será necesario acreditar la situación de insolvencia económica por causas objetivas (como, COVID-19) y de esta manera ahorrar el procedimiento judicial, que en muchas ocasiones es largo y tedioso.

 

Requisitos:

-Que la empresa carezca de patrimonio, o que este sea residual a efectos de liquidación.

-La buena fe del empresario

-Acreditar que el administrado ha actuado de manera diligente y que la insolvencia ha sido por causas objetivas.

 

Para la buena fe, el Juez del concurso realizará un análisis, para no detectar irregularidad que puedan derivar en una acción de reintegración, impugnación o de responsabilidad

Resultados:

-Evitar responsabilidad al cumplir con la obligación de declarar concurso de acreedores

-Agilización del procedimiento de insolvencia

-Ahorre de costes públicos y privados.

-No genera el estigma del concurso ordinario al evitar pasar por la fase judicial.

-El empresario podrá iniciar una nueva empresa sin problemas

 

De esta manera, el empresario podrá finalizar la sociedad adeuda por causas objetivas sin el temor de una responsabilidad subsidiaria, finalizando todo el procedimiento en un periodo de tiempo de 1-3 meses.

Para más información sobre el procedimiento puedes contactar con nosotros.

Jesús Martín Vázquez, socio gerente de Martín Reverte & Asociados

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