Jurisprudencia para la exoneración del crédito público

Como objeto del análisis jurisprudencia de la posible exoneración del crédito público, es necesario explicar en primer lugar la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 381/2019 de 02 de julio 2019, siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

En este caso el Tribunal Supremo desestima un recurso de casación interpuesto por la AEAT y confirma la Sentencia nº 260/2016 de la Audiencia Provincial de Baleares (Secc. 5ª) de 21 de septiembre de 2016 (Rollo 340/2016). El Tribunal Supremo considera que el plan de pagos puede acordar aplazamientos o fraccionamiento del crédito público. Así como una vez aprobado el plan de pagos, no es posible dejar la eficacia a la validación del acreedor público.

El Tribunal Supremo fija doctrina partiendo de la finalidad principal del mecanismo de segunda oportunidad, el cuál es la completa exoneración de deudas.

En primer lugar, expone que el artículo 178 bis de la LC no establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, y por tanto no imposibilita variar la opción inicial por las dos alternativas legales descritas en el ordinal 4º o 5º. En el primer ordinal mencionado prevé la exoneración inmediata, y para ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, a diferencia del ordinal 5º que prevé la exoneración aplazada en el tiempo, transcurridos los cinco años del plan de pagos, exigiendo a su vez otros requisitos propios.

En segundo lugar, considera que hay que hacer una interpretación teleológica del artículo 178 bis de la LC, especificando lo siguiente la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de deuda”. Por ende, la vía del ordinal 5º pretende facilitar el cumplimiento del pago a los créditos contra la masa y privilegiados, concediendo un plazo de 5 años para el pago de dichos créditos. Partiendo de la premisa de facilitar al máximo la plena exoneración de deudas, en la vía del ordinal 5º la exoneración abarca todos los créditos ajenos al plan de pagos.

Para finalizar con el alcance de la exoneración, la Sentencia dispone lo siguiente:

«En atención a estas consideraciones, entendemos que, en principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos.

Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC, el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración

Después de determinar el alcance la exoneración, y delimitar los créditos que tienen que pagarse para la exoneración en cinco años, encontraríamos la interpretación de las reglas sobre el plan de pagos al que es necesario someterse para que se le reconozca el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el cual está regulado en punto 6 del artículo 178 bis de la LC. El Tribunal Supremos establece una contradicción en este apartado sexto porque prevé un plan de pagos para los créditos contra la masa y privilegiado en un plazo de 5 años, los cuales han de ser aprobados por la autoridad judicial, pero a su vez, remite a la regulación administrativa para el fraccionamiento y aplazamiento del pago de créditos públicos.

El Tribunal supremo considera que:

«bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre las objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan.”

Por tanto, considera que no resulta necesaria la tramitación de la petición de aplazamiento y fraccionamiento ante la AEAT o TGSS.

Hasta la fecha de la sentencia mencionada anteriormente, varios juzgados y audiencias provinciales se habían pronunciado al respecto sobre los créditos público y su inclusión en el plan de pagos.

En una línea semejante, se ha pronunciado en varias ocasiones la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)

  • Sentencia de 29 de junio de 2018.
  • Sentencia de 19 julio de 2018.
  • Sentencia de 2 de noviembre de 2018.
  • Auto de 11 febrero 2019.
  • Sentencia de 9 de abril de 2019.
  • Sentencia de 7 de mayo de 2019.
  • Sentencia de 9 de mayo de 2019.

Así como también se ha pronunciado en la misma línea diferentes Juzgados de lo Mercantil de Barcelona:

  • Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona, de 31 enero 2018.
  • Sentencia núm. 174/2018 del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona,de 2 julio de 2018.
  • Sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona, de 3 de enero de 2019.

Encontraríamos por tanto una jurisprudencia más consolidada en el territorio catalán sobre a la inclusión del crédito público en el plan de pagos, respecto a otras comunidades autónomas, siguiendo por lo tanto lo expresado en la Sentencia nº381/2019 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019.

Sin embargo, fuera del ámbito catalán también encontraríamos diferentes sentencias que siguen un modelo semejante a la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada anteriormente:

  • Sentencia núm. 604/2018 de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) de 13 diciembre de 2018.
  • Sentencia núm. 269/2018 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao de 6 de octubre de 2018.

Martín, Reverte & Asociados

Especialistas en derecho concursal de las Islas Baleares

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